Por Geraldine Corrales Arandia
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| Mujeres en piquete de huelga / Geraldine Corrales Arandia |
Tras un forcejeo de
aproximadamente una hora en el que se provocaron destrozos, se sustrajeron
granadas de gas y armamento, hubo enfrentamiento entre policías vestidos de
civil y uniformados de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP)
quienes resguardaban sus instalaciones ubicadas en el primer perímetro de
seguridad de la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz.
La situación se va tornando desesperante a medida que el
tiempo avanza. Con niños en brazos, mujeres esposas de policías reclaman la
necesidad de la nivelación salarial respecto a los militares, la abrogación de
la ley 101, la jubilación con el 100 por ciento, la entrega de víveres y la
inclusión de los uniformados en la Ley
General del Trabajo.
Aproximadamente al medio día de hoy, los policías que se
encontraban en las instalaciones de Orden
y Seguridad en la avenida heroínas decidieron radicalizar sus medidas de
presión. A pesar que las esposas de los policías van en el tercer día de huelga
de hambre, el hecho sucedido en la ciudad de La Paz con sus camaradas alteró
los ánimos entre los uniformados.
En medio de este conflicto, el rol de las esposas de los
policías se torna importante al momento de ser firme apoyo para los uniformados.
Marisol Herrera Rodriguez no trabaja por cuidar de sus tres
hijos con los cuales forma una familia de cinco personas. Ella es esposa de un
cabo de la policía, éste gana alrededor de 1.500 bolivianos monto que no abastece
para su subsistencia. “Con ese sueldo hacemos peripecias para alcanzar todo el
mes, porque tiene que salir para todo. Para sus pasajes, a veces les llaman
tres o cuatro de la mañana tienen que ir en taxi”.
A pesar de la presencia aproximada de 100 esposas de
policías, Marisol Herrera hace el llamado a quienes todavía no se han unido a
la medida de presión: “estamos en un gran número pero queremos más, vengan por
favor, les pedimos, les rogamos a las esposas de los policías que vengan. Apoyen
la lucha, no tengan miedo, no tengan vergüenza”.
Aidee Galarza es esposa de un sargento. El mismo recibe por
cada mes de trabajo una remuneración de aproximadamente 1.800 bolivianos, monto
que relata “no me alcanza”.
Cuida de tres niños pequeños, motivo por el cual no trabaja
y este hecho afecta a la economía de su familia.
Las historias son repetitivas al momento de hablar de
vivienda propia. Las entrevistadas confiesan que viven en casas alquiladas o
pagan préstamos bancarios que se hicieron para poder conseguir un capital para
una casa en anticrético.
La familia de Miriam Valdivia tiene seis integrantes. El
suboficial de quien es esposa gana 2.800 bolivianos. Valdivia hace una
comparación y afirma que: “los militares cuando van a otra ciudad tienen
vivienda, tienen un lugar donde les dan alimentación, tienen víveres. A
nosotros, una vez al año nos dan harina, azúcar; a los militares les dan todo
fideo, leche, harina, azúcar. Estamos peleando para que sea igual, para que no haya
discriminación, no es posible que nosotros estemos pagando alquileres, anticréticos
y a ellos les dan todo, están bien parados”.
Tras los hechos sucedidos al medio día de hoy, tras los
intentos poco productivos por resolver el conflicto la situación se va tornando
inquietante por la radicalización de las medidas en el sector. La pronta
resolución es la única salida para calmar los ánimos de los uniformados y sus
esposas.
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